Lograr la identificación de todos los ciudadanos, especialmente los más pobres, es un reto pendiente que debe asumir la oferta de política social.
En América Latina existen esquemas de protección social incompletos. La implementación de modelos de cobertura universal se ha visto influida por diferentes factores: escasez de recursos, inestabilidad política de la región y la copia de modelos exitosos en otras partes del mundo que no han sido diseñados para contextos de gran diversidad cultural.
La evolución de la política social peruana ha transitado del intento por implementar programas sociales universales hacia una estructura mixta, en la que coexiste lo universal con lo focalizado. Se puede demostrar que en países como el Perú –y en buena parte de la región– la política social está mejorando, tanto en su diseño como en sus procesos operativos. En el Perú, cada año se incrementa la cobertura de los programas sociales y se producen mejoras sustantivas en su calidad. No obstante, en el caso de la identidad, los esfuerzos por documentar a la población son muy valiosos, pero no suficientes.
En la actualidad existe una brecha de identificación de los mayores de edad, es decir, no todos los mayores de 18 años tienen su Documento Nacional de Identidad (DNI).
Según el Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013, en el 2009, el 95.5% de la población mayor de 18 años contaba con su DNI. Esto quiere decir que –a esa fecha– existirían cerca de 830 mil peruanos sin DNI.
La identificación de menores de edad a través del DNI se da en el Perú desde mayo del 2003, paso importante en el reconocimiento de derechos ciudadanos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en las zonas más pobres.
Pero hay otro aspecto trascendente y es que el acceso al DNI contribuye a la mejora de la gestión de los Programas Sociales en vista que, con él, se identifica a los beneficiarios desde su nacimiento. En nuestro país, el documento de identidad tiene una connotación electoral, pues –siendo el voto obligatorio- su uso está vinculado a los procesos de elección de las autoridades.
No obstante ello, existe una clara intención de la población de contar con sus "documentos", aunque esa voluntad se tope con los costos directos e indirectos de tener un DNI, lo que se constituye en un disuasivo difícil de remontar, especialmente para los más pobres.
Por ello, identificar a todos los peruanos es una tarea pendiente. Sin documentación, disminuyen las oportunidades de acceso al crédito, al empleo formal, a dar nombre a sus hijos, a realizar operaciones en el sistema financiero, al ejercicio del derecho a elegir y ser elegido, y –en el caso que nos ocupa– acceder a los programas sociales.
El encuentro entre la demanda indocumentada y la oferta de programas sociales que identifican sus beneficiarios a través del número de DNI se encuentra en camino. La mayoría de ellos está adoptando el uso de padrones nominales.
Identificar a los beneficiarios por medio del DNI y crear un Registro Único de Beneficiarios de los programas sociales en base al Documento Nacional de Identidad es la manera más eficaz de garantizar una adecuada focalización de recursos e incrementar los niveles de transparencia. La oportunidad de lograrlo se presenta con la priorización de recursos que el Estado realiza a través del Presupuesto por Resultados-PPR, con el Programa Estratégico "Acceso de la Población a la Identidad".
Al RENIEC le toca engarzar sus actividades de campo con la oferta de programas sociales, como sucede, por ejemplo, con el Programa JUNTOS, pionero en la identificación de beneficiarios vía DNI y aliado estratégico en el proceso de identificación de los peruanos más pobres del país. En virtud a su participación en el Programa JUNTOS, cerca de 109 mil mujeres de las zonas más pobres del Perú han obtenido su DNI por primera vez y más de medio millón de niños menores de 14 años ya cuentan con este documento.
Para cerrar la brecha entre los que cuentan con DNI y aquellos que no, el Programa JUNTOS coordina con el RENIEC y el Ministerio de Economía y Finanzas para otorgar documento de identidad a los 407 mil 293 niños que tienen partida de nacimiento.
En América Latina existen esquemas de protección social incompletos. La implementación de modelos de cobertura universal se ha visto influida por diferentes factores: escasez de recursos, inestabilidad política de la región y la copia de modelos exitosos en otras partes del mundo que no han sido diseñados para contextos de gran diversidad cultural.
La evolución de la política social peruana ha transitado del intento por implementar programas sociales universales hacia una estructura mixta, en la que coexiste lo universal con lo focalizado. Se puede demostrar que en países como el Perú –y en buena parte de la región– la política social está mejorando, tanto en su diseño como en sus procesos operativos. En el Perú, cada año se incrementa la cobertura de los programas sociales y se producen mejoras sustantivas en su calidad. No obstante, en el caso de la identidad, los esfuerzos por documentar a la población son muy valiosos, pero no suficientes.
En la actualidad existe una brecha de identificación de los mayores de edad, es decir, no todos los mayores de 18 años tienen su Documento Nacional de Identidad (DNI).
Según el Marco Macroeconómico Multianual 2011-2013, en el 2009, el 95.5% de la población mayor de 18 años contaba con su DNI. Esto quiere decir que –a esa fecha– existirían cerca de 830 mil peruanos sin DNI.
La identificación de menores de edad a través del DNI se da en el Perú desde mayo del 2003, paso importante en el reconocimiento de derechos ciudadanos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en las zonas más pobres.
Pero hay otro aspecto trascendente y es que el acceso al DNI contribuye a la mejora de la gestión de los Programas Sociales en vista que, con él, se identifica a los beneficiarios desde su nacimiento. En nuestro país, el documento de identidad tiene una connotación electoral, pues –siendo el voto obligatorio- su uso está vinculado a los procesos de elección de las autoridades.
No obstante ello, existe una clara intención de la población de contar con sus "documentos", aunque esa voluntad se tope con los costos directos e indirectos de tener un DNI, lo que se constituye en un disuasivo difícil de remontar, especialmente para los más pobres.
Por ello, identificar a todos los peruanos es una tarea pendiente. Sin documentación, disminuyen las oportunidades de acceso al crédito, al empleo formal, a dar nombre a sus hijos, a realizar operaciones en el sistema financiero, al ejercicio del derecho a elegir y ser elegido, y –en el caso que nos ocupa– acceder a los programas sociales.
El encuentro entre la demanda indocumentada y la oferta de programas sociales que identifican sus beneficiarios a través del número de DNI se encuentra en camino. La mayoría de ellos está adoptando el uso de padrones nominales.
Identificar a los beneficiarios por medio del DNI y crear un Registro Único de Beneficiarios de los programas sociales en base al Documento Nacional de Identidad es la manera más eficaz de garantizar una adecuada focalización de recursos e incrementar los niveles de transparencia. La oportunidad de lograrlo se presenta con la priorización de recursos que el Estado realiza a través del Presupuesto por Resultados-PPR, con el Programa Estratégico "Acceso de la Población a la Identidad".
Al RENIEC le toca engarzar sus actividades de campo con la oferta de programas sociales, como sucede, por ejemplo, con el Programa JUNTOS, pionero en la identificación de beneficiarios vía DNI y aliado estratégico en el proceso de identificación de los peruanos más pobres del país. En virtud a su participación en el Programa JUNTOS, cerca de 109 mil mujeres de las zonas más pobres del Perú han obtenido su DNI por primera vez y más de medio millón de niños menores de 14 años ya cuentan con este documento.
Para cerrar la brecha entre los que cuentan con DNI y aquellos que no, el Programa JUNTOS coordina con el RENIEC y el Ministerio de Economía y Finanzas para otorgar documento de identidad a los 407 mil 293 niños que tienen partida de nacimiento.
Por: Iván Hidalgo Romero Presidente del Consejo Directivodel Programa Juntos.
En Exclusiva para Piura News.
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